La Política Agraria Común (PAC) ha establecido las nuevas reglas que van a influir la financiación de los estados miembros de la Unión Europea (UE) entre 2021 y 2027. Entre los objetivos planteados están mantener unas partidas económicas eficientes y, sobre todo, hacer más efectiva cualquier ayuda, con el fin de afrontar una necesaria recuperación económica, tras los estragos de la pandemia de coronavirus.
Para ello, se parte de un acuerdo sobre el fondo de recuperación económica que asciende a los 750.000 millones de euros y sobre las ayudas de la PAC, para los próximos 7 años.
Impacto económico de la nueva financiación de la PAC 2021-2027
Hay que hablar de una reducción de fondos. De 2014 a 2020 las subvenciones alcanzaban los 383.000 millones de euros. Ahora, en cambio, se aprovecha un total de 343.900 millones de euros.
De ellos, 258.594 millones irán destinados a ayudas directas y medidas de mercado, mientras que 77.850 millones serán para desarrollo rural, como otros 7.500 millones, que recoge el fondo de recuperación.
En la práctica, los agricultores pueden perder unos 5.000 millones, aunque desde el Gobierno español se habla de beneficio. Según defiende, España pasará a obtener de 47.500 millones un total de 47.682 millones.
Impacto de la ausencia de Reino Unido
En la financiación de la PAC 2021-2027 no entra el Reino Unido. Por un lado implica no contar con uno de los principales países a la hora de aportar liquidez a las ayudas al sector, sin embargo, también supone que hay un país menos entre los que repartir estas subvenciones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), calcula que esta nueva redistribución de las ayudas podrá suponer un aumento del 12 al 13,4%, en lo relativo a fondos para recursos naturales y medioambiente.
La figura del agricultor profesional de la nueva PAC 2021-2027
La financiación de la PAC 2021-2027 se aprobará, previsiblemente, a principios de 2021 y se comenzará a aplicar en 2023.
Quienes opten a estas ayudas tendrán también que afrontar nuevos requisitos para recibirlas, entre ellos una producción más sostenible.
La redefinición de la figura del agricultor profesional es uno de los principales cambios a tener en cuenta. Se calcula que solo un 30% de los ingresos de los preceptores llega de la renta agraria y que el 70% viene de otras actividades. Por tanto, definir esta figura profesional será clave para poder optar a las ayudas ofrecidas.
Aproximadamente unos 300.000 agricultores y ganaderos podrían quedarse fuera de las ayudas ante la aplicación de este cambio, por ese motivo también se plantea de forma paralela, la posibilidad de un pago anual de 200-250 euros por hectárea, para explotaciones de entre 6 y 10 hectáreas.
El MAPA considera que esta medida permitiría elevar la cobertura de las ayudas hasta prácticamente la mitad de quienes las solicitan.
Además, también se plantea que la ayuda básica a la renta ascienda al 60% (ahora está al 56%) y que el máximo de cobro de estas ayudas sea de 100.000 euros.
